El Día
Sección. Nacional
Autor. RedacciónPágina 4
19 de agosto de 2016
Denuncian mafias en los verificentros
Contubernio de autoridades estatales y federales
Investigaciones especiales nos han demostrado que el 70% del parque vehicular recibe en la mano su holograma y certificado de contaminación, lo cual fue muy fácil comprobar, pues checando los patios de las empresas en donde guardan los camiones que sirven para el transporte utilizados por las mismas, nos percatamos en la colocación de hologramas correspondientes al semestre y el retiro de los hologramas anteriores. Esto realizado por personal de la empresa. Entre las que fueron detectadas están: Grupo Bimbo, Grupo Modelo (Corona), FEMSA Coca Cola, Grupo Pepsico entre muchas otras.
Existen varios grupos de supuestos preverificadores, a los cuales se les entregan los documentos del vehículo, el dinero para pagar los derechos y una cuota extra llamada brinco y ellos entregan la verificación en mano. De igual forma, existen talleres que realizan la misma acción.
Lo que más causa admiración es que no tan solo se puede recibir en la mano, sino que también liberan del pago de la multa y lo más sorprendente el pago de tenencia, manipulando por unas horas el sistema, tanto en Puebla (PAN), Hidalgo (PRI) y Tlaxcala (PRI), como en el EdoMex (PRI), las multas también son negociables, pero las tenencias no.
En Morelos entra el juego grande que consiste en que los vehículos de los cinco estados anteriores reemplacan sus vehículos en este estado para recibir el beneficio de la eliminación de tenencia, así como de multas e infracciones. Esto ha resultado un negocio muy lucrativo para el estado, pues los verificentros actúan libremente entregando las verificaciones en la mano con un costo de hasta seis veces su valor real. Todo esto será un golpe para los que más tienen, pues los autos deportivos de lujo que circulan en la Megalópolis, cuentan con placas de Morelos.
Todo lo dicho anteriormente es muy fácil verificarlo, pues en el caso específico del EdoMex, existen grabaciones permanentes en donde si la autoridad detiene cualquiera de los camiones de las empresas mencionadas y toman los datos que aparecen en el holograma y sencillamente buscan la grabación que debiera existir, se darán cuenta que nunca pasaron por un verificentro. De la misma manera podrían sancionar a los verificentros que han gozado de este beneficio coludido con las autoridades por muchos años.
Es difícil comprobar a cuánto asciende el beneficio económico que han tenido estos representantes, pero sí de voz de los verificentros, se comentaron que regularmente pagan estos favores con propiedades a nombre de los familiares de estos funcionarios en las zonas de Santa Fe, Interlomas y Metepec.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmó un convenio de Colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con cada uno de los estados que integran la Megalópolis, para verificar 446 verificentros, de los cuales 337 son locales y 109 del orden federal.
A través de un comunicado, Profepa informó que con el convenio se establecen las bases para que las visitas de inspección cumplan con el objetivo de vigilar que los centros de verificación o unidades de verificación vehicular se apeguen a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-I67-SEMARNAT-20I6. Recordando que esta norma emergente fue emanada de dos normas que tienen más de diez años y fueron ajustadas a vapor, buscando solamente cubrir y justificar la existencia de Profepa.
A partir del I de julio, indicó la Profepa, con la entrada en vigor de la Norma Emergente, se establecen nuevos niveles máximos permisibles de contaminantes; se introducen sistemas de medición complementarios y modernos, los cuales ya existían, únicamente lo que modificaron fue la certificación; se incorporan como método el sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD II, EOBD) y se incluye un nuevo actor en la verificación, que son los 65 inspectores de la Profepa para realizar lo mismo que revisan las Secretarias y Procuradurías de Protección al Ambiente de los estados, quedando estos desplazados a la única revisión del software de verificación. Ya que únicamente hay dos cosas que revisar, que consisten en un analizador de gases y un dinamómetro, pero la Profepa ya fragmentó lo que solamente eran dos equipos para justificar su inservible intervención, pues su único objetivo es ingresar al gobierno federal dinero por medio de multas y sanciones.
La verificación que hará la Procuraduría será únicamente instrumental, por lo que las sanciones irán dirigidas sólo a los verificentros y no a los propietarios de los vehículos La Profepa, enfatizó, no tendrá facultades para sancionar a particulares.
La información que los inspectores obtengan de su trabajo, abundó la Procuraduría, permitirá, en su caso, clausurar líneas o el verificentro en su totalidad, así como imponer sanciones económicas.
Las sanciones económicas a las que podrían hacerse acreedores los centros de verificación, añadió la Procuraduría, podrán alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad, de acuerdo con los criterios que establece la ley; entre estos, la gravedad de las infracciones, la reincidencia del infractor, el beneficio económico obtenido como consecuencia de la irregularidad y el carácter negligente o doloso de la acción. También hizo referencia el subprocurador de Profepa, Arturo Rodríguez Abitia, que de acuerdo a los ingresos del verificentro serán las sanciones ya que solicitarán los estados financieros de la empresa revisada.
Las acciones de colaboración entre autoridades federales y estatales, señaló la Profepa, se establecen de acuerdo con las previsiones de la norma de emergencia, la cual entró en vigor el I de julio y será de observancia obligatoria en la totalidad de la circunscripción territorial de la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Detalló que la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en las entidades de la Megalópolis, los métodos de prueba para la certificación de esos niveles y las especificaciones de los equipos que se utilicen para la certificación. Como respuesta a las revisiones hechas por Profepa, los verificentros de la CDMX y EdoMex, cerraron el 90% con la intención de no ser verificados y poder poner las cosas de acuerdo a las injustas y torpes imposiciones del gobierno federal (Profepa).
Se trata de realzar el ingreso de Profepa, porque es muy claro que las autoridades de las secretarias de ecología tenían ya perfectamente controladas las inspecciones y mediciones de los equipos, pero se buscó un pequeño hoyo que existe en las normas para darle juego a estos muy nuevos vigilantes de los verificentros, pero resulta verdaderamente absurdo que todos revisen lo mismo aunque ellos quieran hacer aparecer que no porque claramente el subprocurador de Profepa, aclaró que ellos no tendrán participación de vigilancia en los software establecidos (OBD II), lo cual también resulta una broma pues el verdadero problema se encuentra en esto, ya que existen grupos políticos como propietarios de estos centros de verificación en toda la Megalópolis, principalmente del Verde ecologista, PRI y a últimas fechas entró el PRD.
También se detectó que dueños de empresas dedicadas a la instalación de software y al mantenimiento de equipos analizadores de gases y dinamómetros (homologados por las Secretarias de todos los estados), también son dueños de verificentros, lo que les da la ventaja de ser juez y parte, ya que cuentan con los candados establecidos por los estados a través de su software. De esta manera manipulan la revisión de los vehículos logrando obtener un beneficio de hasta el cien por ciento por pasar estos autos y sin presentarlos a las instalaciones ya mencionadas.
En la mayoría de los verificentros los inspectores de Profepa desconocen el desarrollo de la prueba para corroborar que el método establecido en la norma correspondiente es el idóneo. Únicamente se basa su inspección en ver físicamente los componentes del equipo de verificación vehicular, sirvan o no sirvan. Nunca han desarrollado una prueba real con algún vehículo contaminante para determinar su desarrollo y resultado.
Con respecto a las reuniones que tuvieron los propietarios de verificentros con la Profepa, actuando los verificentros como afectados a la norma emergente, solicitándole al señor subprocurador, Arturo Rodríguez Abitia, solicitando una prórroga para cumplir con la norma absurda emergente, a lo que respondió que la ley no es negociable, y por lo tanto es imposible darla. (Esta frase ya de moda "la ley no es negociable" entre secretarios y funcionarios)
Asimismo, los técnicos verificadores no cuentan con la capacitación suficiente para el famoso OBD II.
Lo que más está afectando al usuario son los tiempos, ya que además de hacer una cola de más de cuarenta y cinco minutos para que sea recibido su vehículo, más los minutos de prueba, se tiene que esperar al resultado de la misma, el cual lleva más de veinticinco minutos. Pero si el sistema falla, lo cual pasa muy seguido, el usuario debe esperar más de tres horas y tal vez o casi muy seguro se le entregue un rechazo para volver a vivir esta situación por una segunda ocasión, con la única ventaja de que ya no pagará esta nueva prueba.
Si se llega a tener que realizar la prueba una tercera vez, se pierde el derecho del holograma doble cero (para autos 2016-2017) quedándose con la única posibilidad de obtener la cero o seguir siendo rechazado una infinidad de veces.
