La Crónica
Sección. Nacional
Autor. Daniel Blancas Madrigal
Página 7
13 de enero de 2015
Juzgados amparan importaciones fraudulentas; la SE identifica a seis
Como el comercio ilícito, que se filtró ya hasta las entrañas de la subsistencia familiar, las resoluciones judiciales a favor de los contrabandistas alcanzaron lo más hondo e inverosímil del sistema jurídico mexicano…
-No das crédito a las determinaciones de los jueces, te vas de espaldas -engancha Juan Díaz Mazadiego, director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).
-¿Pues qué conceden?
-Suspensiones contra cualquier acto presente y futuro de la autoridad que pretenda impedir importaciones ilegales y llegan al extremo de proteger hasta cuestiones sanitarias; es decir, promueven el incumplimiento de regulaciones de sanidad.
-¿Corrupción?
-No hay otra manera de interpretarlas. No generalizamos, pero hay jueces que deben ser investigados, es imposible entender qué tienen en la cabeza para emitir estos fallos.
Según la SE, el comercio ilegal y la corrupción predominan en el 80 por ciento de la economía informal.
INSECTOS. Así, con aval judicial ingresa al país medicamento caduco, cigarros y alcohol adulterados, ropa sucia y maloliente (con piojos, ácaros, garrapatas, chinches y otros insectos), textiles nocivos, juguetes tóxicos y otros productos con potencial riesgo de infecciones y daño a la salud de la población.
"En muchos casos se da la inocuidad de las mercancías, en perjuicio del consumo humano, de ahí la participación de la Profeco y la Cofepris, para verificar la calidad o seguridad de los productos, así como su afectación a la salud pública", refiere José Luis Figueroa, Subprocurador de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon).
SILENCIO DE CJF. La Secretaría de Economía tiene identificados ya a seis juzgados en diferentes partes del país que han amparado importaciones fraudulentas.
-¿Qué hace el Ejecutivo contra estos jueces? -se cuestiona a Díaz Mazadiego.
-Vamos en dos sentidos: la impugnación de sus resoluciones ante los propios tribunales, a fin de lograr su revocación; y la presentación de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De 2013 a la fecha, el Servicio de Administración Tributaria y Economía han interpuesto ya 36 juicios en contra de fallos judiciales irregulares. Al menos 15 se han logrado revocar.
Aunque es responsabilidad del CJF investigar a juzgadores corruptos o incompetentes, aplicarles sanciones administrativas e incluso denunciarlos por la vía penal, el órgano colegiado negó a Crónica detalles sobre casos registrados y desestimó ofrecer una postura en torno al asunto. El silencio persistió pese a que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compartió el tema con algunos de los Consejeros de la Judicatura y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos el recién nombrado presidente Luis María Aguilar.
El SAT tiene noticias apenas de la remoción de un juez y de la suspensión de un magistrado de circuito, dos jueces y cinco secretarios de Juzgado, tras una indagatoria interna que duró más de dos años.
Entre las anomalías judiciales detectadas están: celebrar audiencias sin notificación a involucrados, obstaculizar recursos de queja o demandas de afectados, amparar a importadores sin considerar actos reclamados por la autoridad aduanera, reconocer a personas sin representación legal, asesorar a la parte demandada e ignorar perjuicios sociales y económicos del contrabando.
RETRATOS. Y mientras se reproduce la complicidad, pueblos y territorios enteros del país son ubicados hoy por las autoridades como núcleos de operación del comercio ilícito. Y sus habitantes, parte de la maquinaria… Según el INEGI, el 60 por ciento de la población nacional ocupada trabaja en condiciones de informalidad, cuyas actividades más importantes son comercio, servicios y manufactura.
Los expedientes del SAT refieren focos rojos de norte a sur…
Región Noreste: la más prolífica en simulaciones comerciales del acero, donde se abusa de programas de fomento a la industria; entra al país acero para ser transformado y exportado con trato preferencial en materia fiscal, aunque en realidad se acumula en México para su venta en el mercado negro.
Celaya, Guanajuato: principal punto de distribución de ropa de paca -usada y nueva- proveniente de Estados Unidos, con rutas específicas hacía el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
Moroleón, en los límites de Michoacán y Guanajuato: mayor centro de almacenamiento y fabricación de prendas y confecciones piratas de supuestas marcas reconocidas, colocadas para su venta en tianguis de toda la República.
Región del Bajío, y Guadalajara, Jalisco: zona número uno en suplantación de origen del sector calzado; llegan ahí millones de pares a precios subvaluados que son fabricados en Asia, los cuales son reetiquetados y vendidos como productos mexicanos.
"Contra la ilegalidad, es imposible competir. No es que a la industria mexicana le falte competitividad, el problema es con quiénes nos ponen a competir y en qué condiciones", dice Ysmael López, presidente de la Cámara del Calzado de Guanajuato (CICEG), una industria en la cual, por el contrabando, se han puesto en riesgo 266 mil empleos… En el ramo textil peligran 452 mil plazas laborales. Entre ambos, el 17 por ciento de la manufactura nacional.
"El problema se traduce en la pérdida de trabajos, en la reducción de jornadas laborales en perjuicio de la economía familiar. Para no disparar los niveles de inseguridad en la región, hemos optado por medias jornadas o por contratar a la gente sólo por dos o tres días a la semana", dice López, quien sugiere al Poder Judicial un proceso transparente en la designación de jueces especializados en comercio exterior, que reconozcan a las industrias como terceros perjudicados, con derecho a replicar los amparos.
Se trata de una propuesta avalada por el SAT, además de implementar una continua rotación de juzgadores en zonas de alto riesgo como las fronterizas, crear procedimientos expeditos para la detección, seguimiento y sanción de jueces cómplices de redes criminales y perfeccionar el marco jurídico institucional contra este delito.
"El país debe avanzar ya hacia el combate a la subvaluación, la ilegalidad y la corrupción, que afectan gravemente la planta productiva nacional y comprometen la recaudación tributaria sobre el impuesto general de importación", alerta José Luis Figueroa, Subprocurador de Prodecon.
Y es que de septiembre de 2013 a noviembre de 2014 se calcula una evasión fiscal por prácticas comerciales ilegales de casi 25 mil millones de pesos, sólo si se consideran los ramos textil, del vestido y del calzado.
Los datos
Decretos
El Ejecutivo Federal emitió el año pasado dos decretos, uno el 29 de agosto en el cual se establecieron medidas para combatir la subvaluación en el sector calzado, y otro el 3 de diciembre para proteger a la industria textil y del vestido. Se determinó aumentar las fiscalizaciones del SAT, crear padrones de importación y precios estimados de garantía, aplicar restricciones no arancelarias como permisos previos, abrir aduanas exclusivas, exigir avisos anticipados de importación y enviar observadores de las industrias a las aduanas.
Marco legal
El contrabando como falta administrativa se fundamenta en los artículos 176, 177 y 178 de la Ley Aduanera.
Como delito se encuentra tipificado en el 102 del Código Fiscal de la Federación: "Comete delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:
I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.
III. De importación o exportación prohibida.
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